La posibilidad de una investigación al gobierno del expresidente Alan García va tomando forma, respaldada por un verdadero clamor nacional a favor de ese esclarecimiento, que deberá estar referido a una serie ya sistematizada de casos bajo fuerte sospecha de manejos corruptos.
Los preliminares de la investigación incluyen el criterio mayoritario del Congreso, recogido ayer en el palacio legislativo, de que la investigación debe estar a cargo de una comisión especial y que debe presidirla el congresista de Gana Perú Javier Diez Canseco, veterano líder socialista de insobornable trayectoria moralizadora y quien ha adelantado que lo primero que hará como legislador será pedir que se cree ese grupo investigador.
Las fuentes consultadas señalan que Diez Canseco reeditaría el esfuerzo hecho entre 2001-2006, con los diez años del régimen del exdictador Alberto Fujimori, de lo que ha quedado el testimonio de valiosos informes que son citados continuamente.
Como temas de la investigación destacan cuatro grandes temas: los manejos turbios de recursos del Estado en la zona afectada por el terremoto del sur, el caso petroaudios, el caso Business Track y el de los decretos de urgencia dictados a discreción por García, sin perjuicio de que puedan incluirse otros.
TERREMOTO DEL SUR
En relación a la actuación del gobierno de Alan García tras el sismo del 15 de agosto de 2007 y en las tareas de la reconstrucción de la zona afectada, la materia de indagaciones va desde el caso del Seguro Integral de salud (SIS), que supuestamente compró raciones alimentarias con sobreprecio para su reparto a los damnificados, y el posterior indulto irregular del presidente de ese organismo y principal responsable de esa adquisición dolosa, hasta el esclarecimiento del destino dado a las donaciones del exterior, llegando finalmente al balance de los fondos aplicados durante cuatro años, sin haberse logrado un avance significativo en las obras de reconstrucción.
Otro punto de este aspecto de las investigaciones es el del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), que fracasó totalmente en la tarea de la reconstrucción, desperdiciando tiempo y recursos, en una situación crítica en la que ambos elementos eran fundamentales. Esta instancia fue creada por capricho de Alan García que constituyó un directorio en base a empresarios privados que no eran funcionarios del Estado, pero tenían una responsabilidad pública. Este grupo se fue cuando arreciaron las críticas y sin explicar lo que había hecho ni los errores cometidos. Hasta hoy están pendientes las explicaciones sobre el incumplimiento de la promesa de una reconstrucción en tiempo récord, que resultó en un récord de demora y frustración.
PETROAUDIOS
El caso petroaudios está referido a la actividad lobista de funcionarios del Estado y elementos ligados al gobierno aprista, para asegurar la asignación de obras públicas y la obtención de concesiones petroleras del Estado, en complicidad con ministros y otras altas autoridades. En el caso se ha producido una intensa manipulación de pruebas y un comportamiento doloso de la Policía, los fiscales y la justicia, para impedir su esclarecimiento. El objetivo de esta intervención ha sido evidentemente soslayar la responsabilidad de los miembros del gobierno: expremier Jorge del Castillo, exministro Hernán Garrido Lecca, exsecretario general de Palacio, Luis Nava, expresidente de Perupetro, Daniel Saba, entre otros; pero sobre todo dejar fuera de la investigación al expresidente Alan García.
Nuevas revelaciones recientes del caso paralelo de las intercepciones telefónicas, han puesto como un tema a investigar el caso Petrotech, que sería el de la presión del gobierno y los lobistas para lograr la venta “por fuera” de los activos de esta empresa petrolera -fuerte deudora de impuestos y con diversas irregularidades-, a sectores vinculados al gobierno, lo que implicaba una transferencia en gran escala. Para esto se habría utilizado a la empresa petrolera Discover, casi como una punta de lanza del grupo corrupto del gobierno.
Business Track
En el caso Business Track, está por investigarse el papel del chuponeo telefónico en el surgimiento y la configuración del régimen aprista. La hipótesis es que durante el período 2006-2011, funcionó la red de intercepciones más grande de la historia, superior a la existente en la época de Fujimori, teniendo como centro a elementos de la Marina en retiro y actividad, combinando operadores privados (empresas de seguridad) y militares (inteligencia naval).
El vicepresidente Luis Giampietri habría sido un elemento articulador, aunque lo ha negado en forma reiterada, y Alan García no solo toleró sino alentó la actividad que le permitía tener información completa de lo que hacían los distintos sectores políticos (incluidos miembros del propio gobierno), empresariales y mediáticos.
El destape de los petroaudios y la detención de los integrantes de BTR; rompió uno de los eslabones claves del sistema, y habría generado una crisis en las relaciones entre el gobierno y la Marina de Guerra, pero no acabó con el chuponeo. Sin embargo el control gubernamental sobre este proceso se debilitó. Actualmente estamos a la espera de los destapes prometidos por Ponce Feijóo y Tomasio, principales ejecutivos de BTR, para el mes de agosto, que prometen ser explosivos.
DECRETOS DE URGENCIA
Todos recuerdan que Alan García logró controlar los daños de la crisis de los petroaudios mediante el acto teatral de la condena a las “ratas” de su gobierno (León y Químper) y la posterior captura de los chuponeadores de BTR, entre octubre y enero de 2008, período en el que también se hacía evidente la crisis financiera internacional. En ese momento García encuentra otro mecanismo para manipular el gasto público: los decretos de urgencia autorizándose a sí mismo para gastar. Entre finales del 2008 y el año 2011 se aprobaron una verdadera hemorragia de decretos, amparados de manera forzada en el dispositivo constitucional que da rango de ley a los decretos económicos de urgencia.
Está en discusión la validez de declarar una supuesta “emergencia nacional” a partir de la retracción del sector privado, para justificar la ejecución de proyectos decididos arbitrariamente: tren eléctrico, colegios emblemáticos, Estadio Nacional, teatro nacional, nuevo hospital del niño y otros, que se asignaron saltando procedimientos de análisis técnico y de control previo, y que recayeron regularmente en empresas ligadas al régimen. Estas obras presentan fuertes indicios de colusión entre gobernantes y ejecutores; sobrevaluación (las obras cuestan más de lo que deberían costar); manipulación de los contratos originales (mediante decretos posteriores se permitió variaciones en las obras y aumento en el costo final); etc.
Asimismo representaron un trastocamiento de las prioridades nacionales favoreciendo el centralismo, los caprichos presidenciales y la idea elitista del deporte, entre otras deformaciones. Las expectativas apuntan a que la investigación evalúe la base legal de los decretos y el empleo de los dineros públicos que dispusieron gastar
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